viernes, 11 de julio de 2014

Uruguay eliminará las operaciones inmobiliarias en efectivo

Con la aplicación de la reciente Ley de Inclusión Financiera o Ley de Bancarización, a partir del 1° de junio de 2015, el Uruguay impulsará varios cambios que modifican hábitos de la vida económica y financiera del país oriental, en el que los inversores argentinos tienen importante participación.

El principal objetivo del gobierno de José Mujica es el de transparentar las operaciones financieras en el país, que incluye a la actividad inmobiliaria, para mejorar el perfil inversor del país para los capitales extranjeros.
Así, la Ley de Inclusión Financiera estimula el uso de medios de pago electrónicos y la formalización de la economía y desalienta la posibilidad de que dinero en efectivo, muchas veces producto del lavado o el fraude fiscal en el exterior, sea introducido en el sistema financiero, en particular a través de inversiones en desarrollos inmobiliarios, en plena expansión en las últimas dos décadas.
Esta exigencia legal comenzará a regir a partir del 1º de junio de 2015. Hasta ese momento, estas enajenaciones podrán seguir haciéndose en efectivo, y recién entonces se conocerá la puesta en práctica de la nueva norma, informa El Cronista Comercial.
Las ventas de propiedades que superen los u$s5.100 deberán cumplirse a través de medios de pago electrónicos, cheques certificados cruzados no a la orden o letras de cambio emitidas a nombre del comprador. Este piso de precios prácticamente restringe la totalidad de las transacciones inmobiliarias al contado.
Asimismo, los escribanos públicos uruguayos no podrán autorizar escrituras en las que no se individualice el medio de pago utilizado, con lo cual se circunscriben las transacciones inmobiliarias a instituciones de intermediación financiera locales: bancos de plaza o instrumentos emitidos por bancos orientales.
Es común que inversores argentinos adquieran inmuebles en el país vecino bajo la figura de sociedades anónimas uruguayas de acciones al portador. El Banco Central de Uruguay (BCU) elaboró hace un año un registro de titulares de acciones al portador. Si bien se mantiene el secreto sobre quiénes son los accionistas, sus identidades serán reveladas en caso de que la AFIP argentina solicite información, según el tratado de intercambio de información bilateral.
El régimen de sociedades uruguayo de acciones al portador quedó bajo la lupa de la OCDE, que consideró que ese esquema contribuía a la opacidad del movimiento económico.

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